GRUPOS DE AUTODEFENSA: LA PARAMILITARIZACIÓN MEXICANA

11 de junio de 2013; Marta Del Vado;  De la legítima defensa a la organización guerrillera.

AFP/Getty Images

Algunos surgieron en el siglo XIX para proteger los recursos naturales de sus regiones y preservar la tradición y derechos de los indígenas. Es el caso la Guardia Tradicional Maya que proviene de la lucha de los mayas contra la esclavitud y el colonialismo, y todavía hoy, vela por la integridad del municipio de Carrillo Puerto, en Quintana Roo (península de Yucatán). En 1994 surgió el movimiento indígena del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y, tras él, varias organizaciones en defensa de la autonomía indígena, sobre todo al sur del país. En 1995 se conformó en Guerrero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ante la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del Estado central y los municipios. Actualmente, lo integran unos 800 voluntarios de 77 comunidades y funciona con la connivencia con los gobiernos locales.

En la mitad del país (en 16 de sus 32 estados) existe algún tipo de policía comunitaria, grupo de autodefensa o paramilitares. Y en lo que llevamos de 2013 ha habido un auge de estas organizaciones civiles provocado por la incapacidad, inoperancia o ausencia de las autoridades para hacer frente a la crisis de violencia e inseguridad que vive México en pleno siglo XXI. Son vecinos organizados para autoprotegerse, unos cubiertos con pasamontañas, otros armados con kalashnikovs y, muchos, con rifles de asalto, metralletas, machetes y herramientas de campo.

Los Estados de Guerrero y Michoacán están siendo los más afectados por el nacimiento de estos grupos de seguridad. A principios de enero, una veintena de municipios se organizó para reforzar la acción de sus guardias comunitarias, ya que aumentaron las extorsiones, los secuestros, las violaciones y las amenazas. La policía comunitaria en estos estados ha detenido a decenas de presuntos delincuentes, pero también a militares, funcionarios y sindicalistas, a los que ha retenido para presionar en sus negociaciones con el Gobierno. La policía comunitaria ha instalado retenes de seguridad en las entradas a sus pueblos, y hasta ha establecido tribunales populares, para condenar y reeducar a los que –a su entender– han violado la ley, haciendo trabajos sociales para que puedan reintegrarse como miembros productivos de la comunidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha expresado su preocupación por “la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones”. Y es que la diferencia entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares es, en ocasiones, más que difusa. Pero, al mismo tiempo, el presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, reconoce que, aunque no aprueba a quienes se tomen la justicia por su mano, es “fundamental que el Gobierno cumpla su función para que no le deje a la sociedad otra alternativa en materia de seguridad”.

Algunos gobiernos municipales donde patrullan estos policías comunitarios apoyan la iniciativa ciudadana. Como también lo hacen algunos miembros de la Iglesia. Para el sacerdote Mario Campos, de Ayutla de los Libres (Guerrero), “el pueblo tomó conciencia de que no podían seguir los asaltos a familias, las agresiones sexuales y los destrozos en los cultivos cafetales”. Sin embargo, miembros del Ejército han relacionado a los grupos de autodefensa con la delincuencia organizada y los cárteles de droga. Aseguran que hay una mano que mece la cuna y que la conformación de estos grupos de civiles no es espontánea. Dentro del ejecutivo de Peña, hay quienes tienen la misma teoría, como el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. El Gobierno priista no reconoce la legalidad de estos grupos pero, ante la evidente incapacidad del Estado para garantizar la seguridad necesaria a todos los municipios, el Ejecutivo central está diseñando una estrategia para regular las funciones de las organizaciones vecinales, para integrarlas dentro de la legalidad. Es un proyecto de colaboración con el Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y que se va a presentar durante este mes de junio.

El riesgo de la ‘paramilitarización ilegal’

Aunque los grupos de autodefensa que están surgiendo durante los últimos meses se encargan, supuestamente, de proteger a sus pueblos de agresiones criminales, empresariales o incluso oficiales, actúan sin rendir cuentas a nadie. Para Erubiel Tirado, profesor de Derecho de la London School of Economics y responsable de la cátedra sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana, “si el Estado no atiende este problema de manera cuidadosa y racional puede haber más violencia, se pueden renovar los cacicazgos, los grupos parapoliciales o abrir una puerta más para el crimen organizado y el narcotráfico”. De hecho, la Procuraduría General de la República está investigando las relaciones entre estas organizaciones civiles y los cárteles de droga, a raíz de encontrar nexos entre el cártel de Jalisco Nueva Generación con grupos de autodefensa en Jalisco, Michoacán y Colima.

También se investiga el origen de sus armas, ya que algunos de los miembros de los grupos de autodefensa (sobre todo en Michoacán) llevan AK-47, metralletas R-15 y armas semiautomáticas, modelos que se pueden adquirir legalmente en Estados Unidos, pero que ingresan en México a través del mercado negro. Otras organizaciones de autodefensa han negado sus vínculos con el crimen organizado, respaldándose en que las armas que usan se ajustan a la legalidad. Y es que el artículo 9 de la Ley Federal de Armas y Explosivos establece que los ejidatarios, comuneros y jornaleros que no habiten en zonas urbanas podrán poseer rifles y escopetas los cuales deberán estar estrictamente registrados. Se justifican en que las armas que portan son las mismas que las que utilizan en su trabajo diario.

Expertos y analistas hablan ahora de los riesgos de la paramilitarización o de la colombianización de México por el auge de los grupos de autodefensa. Pero la realidad es que los mexicanos conviven de forma rutinaria con grupos paramilitares legales. Es otra vieja costumbre, que caciques, hacendados, finqueros, empresas extranjeras, o los propios colonos (vecinos propietarios de una vivienda en una urbanización adinerada) contraten este tipo de seguridad privada. Además de policías municipales, guardias blancas, ejércitos privados o paramilitares son contratados por particulares para que les protejan sus intereses. Muchos de estos agentes (en teoría, legales) también van cubiertos con pasamontañas, armados con escopetas y armas semiautomáticas, requieren la identificación o prohíben el paso a quienes les parece, así estén en una vía pública.

Para Javier Sicilia, poeta y portavoz del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,  “ante el fracaso evidente del Estado se está abriendo la puerta a la posibilidad de más desgracias, de abrir más las puertas del infierno”. A la inoperancia y corrupción de las propias autoridades, el crimen organizado y el narcotráfico y los grupos de autodefensas que imparten la justicia por su mano, hay que sumarle los altos índices de pobreza que hace que la población sea todavía más vulnerable a las organizaciones paraestatales y a esta situación de desamparo absoluto por parte del gobierno central. En los seis meses que lleva Peña Nieto en el poder, los índices de violencia no han disminuido. El número de muertos desde que asumió la presidencia supera los 3.500 y los secuestros rondan los 230, unas cifras muy similares a las que se contabilizaban en la etapa de Felipe Calderón. También hay que tener en cuenta el índice de pobreza, que supera el 46% en todo el país, según datos de CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Si el Ejecutivo no quiere que la situación actual derive en algo todavía más grave, debe establecer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y los derechos de estas personas. Si no, va a ser muy difícil evitar que más ciudadanos de a pie se pongan los pasamontañas y cojan las armas. Para defender lo que es suyo, desde sus propiedades hasta sus derechos. O para llevar un salario a casa. Al precio que sea.

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