¿Va Pakistán por el buen camino?

29 marzo 2016  Igor G. Barbero


Una masacre en la ciudad de Lahore ha reavivado los fantasmas de Pakistán, donde los efectos de la guerra contra el terrorismo iniciada tras el 11-S han sido devastadores. El Ejército, siempre bajo sospecha por sus lazos con grupos extremistas, está empleándose con puño de hierro contra la insurgencia y los índices de violencia han descendido mucho en los últimos tiempos, pero las semillas del integrismo siguen muy presentes en el país y falta aún mucho recorrido para atisbar la paz.
Paquistaníes cristianos lloran por las víctimas del reciente atentado suicida en la ciudad de Lahore. ARIF Ali/AFP/Getty Images
Paquistaníes cristianos lloran por las víctimas del reciente atentado suicida en la ciudad de Lahore. ARIF Ali/AFP/Getty Images
Pocos países conocen el estruendo de las bombas como Pakistán, sacudido este domingo por un brutal atentado suicida en un parque de su capital cultural, Lahore, que mató a más de 70 personas, incluidos muchas mujeres y niños. Los efectos del 11-S sobre este país de unos 190 millones de habitantes han sido demoledores. Unas 60.000 personas han perdido la vida en los últimos tres lustros en el marco de la lucha contra el terrorismo y el Gobierno estima en unos 100.000 millones de dólares el precio económico de esta guerra civil no declarada.
El semanario británico The Economist calificó años atrás a la única potencia nuclear del mundo islámico como “el lugar más peligroso del planeta”; la ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright lo tachó de “migraña internacional” y la actual presidenciable para la Casa Blanca Hillary Clinton habló metafóricamente de serpientes cobijadas en su patio trasero cuando dirigía la diplomacia de EE UU, en alusión a los lazos de su aparato de seguridad con algunas milicias, algunas de ellas dedicadas a hostigar a India, su rival histórico y con el que le separa una eterna disputa por la región de Cachemira. Hubo un tiempo en el que casi todos los grandes ataques terroristas en Occidente tenían algún vínculo paquistaní. Un nexo que conducía hasta sus indómitas áreas tribales pastunes fronterizas con Afganistán, otrora bastión principal de Al Qaeda y su difunto líder Osama bin Laden, así como de una miríada de gruposyihadistas de todo pelo.
Pero ese pesimismo generalizado que ha envuelto a Pakistán y que ha desencadenado una fuga de cerebros, mermado sus aspiraciones de desarrollo y empobrecido a su población, pareció empezar a difuminarse el año pasado. El motivo: un notable descenso de los atentados y la impresión de que el Ejército, actuando con puño de hierro contra la insurgencia, y el Gobierno están en la misma sintonía para intentar dar un vuelco a una historia trufada de golpes militares en la que los intereses geoestratégicos han primado sobre los de la ciudadanía. “La situación ha cambiado. Hay una especie de reparto de poder entre el liderazgo civil y militar. La atmósfera económica ha mejorado, hay iniciativas extranjeras de inversión”, señala Humayun Khan, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Islamabad.
 Datos duros, pero mucho mejores
Si se examinan las estadísticas de manera aislada, 2015 fue a todas luces un año muy duro para cualquier observador. Hubo unos tres incidentes diarios y 3.500 fallecidos en sucesos violentos en el curso, casi una tercera parte en atentados terroristas, según el Instituto de Pakistán para Estudios de Paz (PIPS). Un coste humano equivalente a 100 asaltos a Bruselas, aunque eso sí, mucho más ignorados. Sin embargo, los datos reflejan un descenso en las víctimas de en torno a la mitad respecto al año anterior. La marca queda lejos del pico de 2009, cuando fallecieron 12.600 personas en un país que experimentaba a causa del conflicto el mayor éxodo civil desde la partición del subcontinente indio en 1947. Y representa la cota más baja desde 2007. Ese año nació el movimiento Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Aglutinador de diversas facciones talibanes paquistaníes, el TTP decidió retar al Estado y extrapolar la guerra afgana a Pakistán.
Pese al optimismo precavido que desprenden los datos, la esperanza se tambalea cuando la violencia vuelve a azotar al país. Así ha sucedido con la masacre de Lahore, la mayor del presente año, reivindicada por Jamaat ul Ahrar, una escisión del TTP que dijo tener como objetivo a la comunidad cristiana que celebraba la Pascua en el parque, aunque la mayoría de víctimas fueron musulmanes, y amenazó con seguir golpeando en el futuro.
 Mayor confianza en el Estado
Una mujer paquistaní se lamenta en una de los sitios donde un terrorista suicida se hizo estallar en Peshawar, una de las muchas ciudades del país que sufren la violencia de los últimos años. Daniel Berehulak/Getty Images
Una mujer paquistaní se lamenta en una de los sitios donde un terrorista suicida se hizo estallar en Peshawar, una de las muchas ciudades del país que sufren la violencia de los últimos años. Daniel Berehulak/Getty Images
¿Va entonces Pakistán por el buen camino? ¿Está orientado a solucionar sus problemas de manera estructural o es todo solo un espejismo? “Pakistán está en la buena dirección. Los paquistaníes confían más en el Estado ahora y la voluntad es plena, pero mientras las fuerzas de seguridad continúan su ofensiva nacional contra la insurgencia es posible que de vez en cuando los insurgentes sean capaces de utilizar sus redes y recursos, pues todavía tienen capacidad”, afirma Saifullah Mahsud, analista del centro localFATA Research Centre.
Curiosamente el mismo día que una explosión teñía de sangre Lahore, varios miles de personasprotestaban violentamente en la zona roja de la capital, Islamabad. Lo hacían por la ejecución a finales de febrero de un islamista, Mumtaz Qadri, que había asesinado en 2011 al gobernador Salman Taseer por su defensa de una mujer cristiana acusada, aparentemente sin fundamento, de difamar contra el profeta Mahoma. Taseer se había erigido casi en solitario como principal promotor de una reforma de la rígida legislación antiblasfemia del país, caldo de cultivo para una habitual persecución de minorías en Pakistán. Esa aspiración quedó enterrada con su asesinato.
“Esta narrativa (islamista) ha sido alimentada durante 40 años en nuestro país desde los tiempos de la invasión soviética a Afganistán, así que vamos a tardar al menos una generación en cambiarla”, razona Mahsud. Alude el analista a la década de 1980 en la que con financiación de los servicios secretos de EE UU y Arabia Saudí, Pakistán entrenó a los muyahidines que acabaron derrotando a los soldados soviéticos. Esos muyahidines fueron el germen de ese Frankenstein que luego devinieron los talibanes, quienes tomaron en 1996 el poder en Kabul con el beneplácito de Islamabad hasta que los atentados contra las Torres Gemelas de 2001 devolvieron la mirada de Washington a esta zona del mundo.
 ¿Cambio de actitud tras el ‘doble juego’?
El entonces dictador paquistaní, Pervez Musharraf (1999-2007), se vio obligado a convertirse en aliado de George W. Bush en la cruzada contra el terror. Y comenzó lo que se acuñó como “doble juego”.Mientras el Estado recibía ayuda estadounidense, unos 30.000 millones de dólares y dos tercios directamente para el Ejército, según un estudio de la Universidad de Boston, el país lanzó durante muchos años ofensivas cosméticas sin actuar contra determinados grupos que a priori no tenían sus intereses en suelo paquistaní. Hasta que el conflicto alcanzó dimensiones casi mayores en Pakistán que en Afganistán. El propio Bin Laden murió en una operación de fuerzas especiales estadounidenses a escasa distancia de la principal academia militar, el West Point paquistaní, tras pasar años escondido en la ciudad norteña de Abbottabad y dejando muchos interrogantes que no han hallado respuesta.
“Antes se hacían distinciones, ahora ya no”, se apresura a señalar el experto de FATA Research Center, que concluye que el TTP se encuentra muy debilitado, dividido y con su cúpula supuestamente refugiada en Afganistán, donde se ha recrudecido la violencia tras la retirada de las tropas internacionales. Mahsud exime del listado proscrito actual a los talibanes afganos, “actor político reconocido”, que por primera vez parecen querer subirse a la mesa negociadora en una estrategia respaldada por el Ejército de Pakistán.
Detrás del aparente viraje en la actitud contra el extremismo se sitúa Raheel Sharif, un reputado generalpoco amigo de los medios y sin parentesco con el primer ministro, Nawaz Sharif, pese a compartir apellido. En 2014, el Ejército que comanda inició una ofensiva en el considerado como el principal feudo de la insurgencia, la región tribal de Waziristán del Norte, petición todos estos años de EE UU y escenario de tres cuartas partes de sus ataques con drones, al considerar que en ella tenían su base grupos que hacían su guerra a las tropas internacionales en Afganistán. Sharif, además, abordó militarmente la estratégica región tribal de Khyber y también actuó en la principal metrópolis del país, Karachi, donde los asesinatos a cargo de mafias se habían convertido en rutina y los talibanes se financiaban a sus anchas. “La gente de Karachi por fin ha empezado a respirar después de muchas décadas”,  subraya el analista Khan.
 Guerra total contra la insurgencia
Los talibanes paquistaníes respondieron con un terrible atentado a finales de 2014 en una escuela de la ciudad noroccidental de Peshawar que causó la muerte a 151 personas, la mayoría niños. El conocido como 11-S paquistaní llevó al Gobierno a aprobar un Plan de Acción Nacional: se intensificaron las operaciones contra la insurgencia y se restableció la aplicación de la pena de muerte con ejecuciones casi diarias desde entonces, según denuncian organizaciones como Amnistía Internacional. Una reacción similar se ha visto ahora con el ataque en Lahore, tras el que apenas horas después se han producido múltiples arrestos en redadas y con el Ejército anunciando operativos contra los grupos extremistas en la provincia del Punyab, la más poblada y cuya capital es Lahore.
“Los insurgentes no tiran la toalla. Esta va a ser una batalla de larga duración, pero tiene que haber una política clara y un entendimiento claro de que Pakistán no va a permitir insurgentes en su lado de la frontera”, mantiene Zohra Yusuf, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP).
Yusuf opina que si bien la violencia se ha reducido planean muchas sombras sobre la situación humanitaria ante la total falta de transparencia por parte de las Fuerzas Armadas. El espacio en los medios de comunicación, critica, “ha sido absorbido” por el Ejército mediante un “esfuerzo sofisticado” de dominarlos hasta tal punto que es difícil e incluso peligroso publicar según qué informaciones. Y lasituación de las minorías religiosas, que apenas representan el 4% de la población, y la convivencia entre las diferentes ramas del islam penden de un hilo muy fino tras décadas de afianzamiento de un pensamiento único tolerado e impulsado por el Estado. El camino, parece, está lleno de obstáculos.    FUENTE: http://www.esglobal.org/va-pakistan-por-el-buen-camino/

¿El crimen organizado prefiere Estados débiles o fallidos?

Sonia Alda


 Dos soldados en la ciudad de Monterrey, México, después de que tres taxistas fueran asesinados. Julio Cesar Aguilar/AFP/Getty Images

América Latina es una muestra de cómo los países con estructuras estatales débiles son los que ofrecen mayor y mejor cobertura a las actividades criminales organizadas. Los Estados fallidosson malos para los negocios, aunque estos sean ilegales.
Desde que se acepta de manera generalizada, desde hace algunos años, que los Estados fallidos son el marco más propicio para el desarrollo de nuevas amenazas que afectan a la seguridad internacional, toda la atención se ha centrado en ellos, las potencias, los organismos y las agencias de cooperación internacional han mostrado auténtica preocupación sobre estos Estados. No menos la academia enzarzada, en los últimos años, en una inagotable discusión en torno a su definición.
Supuestamente estos Estados reúnen las condiciones idóneas para ser refugio y campo de operaciones de terroristas internacionales y de delincuentes vinculados al crimen organizado. Sin embargo, esta afirmación no siempre coincide con la realidad. En otras palabras no siempre hay Estados fallidos, allí donde el crimen organizado tiene una particular implantación. Este aspecto es particularmente visible en el caso latinoamericano, donde esta amenaza se ha convertido en un poderoso actor, capaz de influir incluso en las decisiones de algunos gobiernos de la región.
Sin embargo si atendemos a la localización de los Estados fallidos, éstos se encuentran mayoritariamente en África, y no en América Latina. Concretamente en este caso únicamente hay un país consideradofallido, Haití, y a bastante distancia se encontraría América Latina, cuyos Estados no figuran en los primeros lugares de los índices, a excepción de la isla caribeña.
Ahondando en ello, si tenemos en cuenta los criterios empleados para clasificar a un Estado como fallido, ciertamente América Latina no es África. Máxime si consideramos los avances experimentados por la región en los últimos años. Los datos relacionados con el crecimiento económico, la estabilidad política y los logros en cuestiones sociales no hacen más que corroborar los motivos por los que buena parte de la región no se encuentra en los primeros lugares de estos índices. Sin embargo, la inexistencia de Estadosfallidos y los datos positivos que disfruta el área latinoamericana en la actualidad no han impedido que sea una de las regiones con importantes problemas de seguridad. Hasta el punto de que mientras que es prácticamente improbable un conflicto interestatal y América Latina es considerada como una región de paz, al mismo tiempo, afronta uno de los mayores índices mundiales de violencia. En este caso, aunque también hay que tener muy presente la diversidad regional, lo cierto es que, en mayor o menor medida, la violencia es un problema generalizado y en particular para países como México o Colombia, Venezuela o subregiones como Centroamérica. Pero incluso Brasil, pese a ser líder regional y aspirante a convertirse en potencia internacional, padece el azote de esta violencia criminal.
El motivo se encuentra en la implantación del crimen organizado, la existencia de maras o pandillas juveniles, vinculadas o no al crimen organizado, y al mismo crecimiento de la delincuencia común. De todas las actividades ilícitas que desarrollan estos grupos criminales el narcotráfico es el negocio más importante. La región produce, distribuye y comienza a consumir también droga. El desarrollo de estas actividades delictivas, en buen parte monopolizadas por el crimen organizado, han incidido en los niveles de violencia y en consecuencia en la seguridad pública.

Estados débiles: campo abonado para la criminalidad
Si nos preguntamos por qué, la respuesta nos conduce necesariamente a cuestionar, al menos para todos los casos, el supuesto de que los Estados fallidos son un campo abonado para las nuevas amenazas. El crimen organizado necesita de una serie de condiciones para progresar y no parece que un país fallidolas proporcione. La extrema debilidad del Estado y la situación de anomia y caos que generan no son precisamente el mejor espacio posible para el desarrollo de negocios, aunque éstos sean ilegales. Se precisa de un Estado capaz de asegurar estabilidad, una sociedad mínimamente ordenada y de un sistema de seguridad y justicia que, si no garantiza la seguridad a todos los ciudadanos, si sea capaz de proteger a las redes criminales. Un Estado fallido no puede garantizar la protección ni de ciudadanos ni de criminales.
Un Estado débil proporciona una de las condiciones imprescindibles para el progreso del crimen organizado: la existencia de vínculos de protección con la autoridad política. Nadie más que los criminales necesitan protección y nadie tiene más posibilidades de otorgarla que un agente estatal. De la posibilidad de proporcionar dicha protección depende el éxito de las actividades delictivas. Sin ésta no hay posibilidad de explicar el éxito de las mismas y la particular implantación social de las redes criminales, en determinadas sociedades. Mediante esta vinculación y complicidad con representantes del Estado se persigue protegerse eficazmente frente a la actuación del mismo mundo criminal, de otros competidores y de otros agentes externos potencialmente nocivos para la continuidad y la expansión de sus actividades.
Las relaciones clientelares y la corrupción son las principales herramientas para asegurar dicha protección, que no siempre se establecen de manera voluntaria, sino a través de la coacción o la violencia, otro aspecto característico del crimen organizado. Cuando se cumplen estas condiciones y mediante la corrupción se logra la impunidad, sin duda el mejor protector es el Estado. Esta es la ventaja que el Estado débil garantiza al crimen organizado, y que el fallido no es capaz de proporcionar. Aquel es un Estado con suficiente entidad para hacer funcionar sus instituciones, pero dichas instituciones, en la medida que existe una corrupción sistémica, pueden proporcionar complicidad y protección a las redes criminales.

Las ventajas del orden formal e informal
La idoneidad del Estado débil, por ende, no radica tanto en su posibilidad de ignorarlo, y desarrollarse al margen del mismo, sino a su costa. La clave radica en lograr que dicho Estado e instituciones se encuentren a su servicio. De acuerdo a estas características, el objetivo del crimen organizado es obtener el máximo beneficio de esta debilidad. Por tanto, no se trata de acabar con estas instituciones sino de asegurar su complicidad. El espacio donde se logra esta particular relación es un espacio informal, que es el ámbito que debilita al Estado. Sin embargo, la existencia de este espacio no implica suponer la inexistencia de toda regulación social, como en un Estado fallido, en realidad esta debilidad estatal lo que genera es un grado concreto de anomía, en el cual convive un conjunto de normas de opuesta naturaleza.
Por un lado, existe un orden formal, donde la ley y la normativa estatal regulan las relaciones y por otra parte, cuando el Estado no llega, hay un orden informal donde son las relaciones personales y no la legalidad quienes regulan la convivencia. En otras palabras, no hay un único orden normativo y su coexistencia consiste en que, según las circunstancias y los ámbitos, tendrá lugar un acatamiento del orden legal bastante generalizado del orden jurídico; pero en otras ocasiones el conflicto o cualquier otra circunstancia, derivada de la vida social, se resolverá al margen de la ley, de acuerdo al orden informal. Una ambivalencia que es producto de la incapacidad del Estado de poder garantizar permanentemente a todos los ciudadanos y en todo el territorio la aplicación del orden legal. De hecho, el orden informal, no sólo es causa de esta debilidad, sino también consecuencia, ya que si existe, en parte es para cubrir los espacios que el Estado no regula. Esta dualidad de órdenes es precisamente lo que hace del Estado débil un escenario ideal para el crimen organizado. El orden informal proporciona la posibilidad de obtener protección y complicidad estatal, característica esencial para la existencia de la criminalidad, y el orden formal garantiza un mínimo de orden, estabilidad igualmente imprescindible para la realización de actividades ilegales.
Además de espacios sin Estado, son igualmente necesarios el Estado y el orden formal para el desarrollo de su actividad ilegal. Pues precisa de un sistema financiero e instituciones económicas, cuyo funcionamiento este garantizado, por el Estado, si bien con la suficiente informalidad y marginalidad económica y financiera para poder desarrollar el negocio en dicho sistema formal. Ambos requisitos se dan en América Latina, donde el Estado es capaz de respaldar el funcionamiento del sistema económico y financiero, pero no es suficientemente fuerte como para establecer controles fiscales y mecanismos de control de las finanzas y de la economía. Esta dualidad explica la idoneidad para el desarrollo de actividades ilícitas, en todas sus fases como la producción, la distribución de bienes y servicios y las finanzas. No parece difícil entender la inserción del crimen organizado, incluso de manera determinante en algunas economías del país.
Pero si el soborno y la informalidad en el ámbito económico, tanto en instituciones privadas como públicas, es trascendental para el progreso de negocios ilegales, no es menos necesario el control directo e indirecto de las estructuras particularmente encargadas de la seguridad pública. También en este área la mayoría de los Estados latinoamericanos muestran particulares signos de debilidad, especialmente en los ámbitos de la aplicación de la ley y del control de la corrupción. La misma deficiencia se aprecia en la eficacia de las estructuras estatales dedicadas a procurar e impartir justicia o en el sistema penitenciario. Instituciones todas ellas imprescindibles para lograr la impunidad y protección necesaria para el crimen organizado.
De acuerdo a la particular cobertura que un Estado débil proporciona al crimen organizado, todo apunta a que la manera más eficaz de combatir a esta criminalidad es el de disminuir los espacios de informalidad, mediante la aplicación de la legalidad, no sólo a los criminales, sino muy particularmente a las autoridades estatales corruptas que negocian el cumplimiento de la ley. Sólo así será posible reducir los espacios de impunidad y, por tanto, las ventajas que los Estados débiles proporcionan al crimen organizado.
Mas Información:

22 junio 2015  http://www.esglobal.org/el-crimen-organizado-prefiere-estados-debiles-o-fallidos/

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