Por Edgardo Ayala
El taxista Manuel Campos, de 56 años, no está cubierto por el privatizado sistema de pensiones de El Salvador. Su única esperanza es que los hijos lo mantengan, en la vejez. Crédito: Edgardo Ayala /IPS
- Dos de las promesas con que se promovió hace 16 años la privatización del sistema de pensiones en El Salvador, se han convertido en un fracaso. No hubo mejora en la cobertura ni en la calidad de sus prestaciones y ahora crece la presión por su reforma.
Eso lo tiene claro Kevin Alexis Cuéllar, un joven de 20 años que, si bien es parte de los 2,7 millones de afiliados al privado Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), no goza de ningún tipo de cobertura previsional.
Como empleado eventual, Cuéllar contó a IPS que no cotiza a su cuenta privada de donde se supone que saldrá su pensión cuando se retire, al cumplir los 60 años, la edad de jubilación en este país para los varones. Las mujeres lo hacen a los 55.
El sistema establecido en 1998 choca contra una persistente realidad laboral en esta nación centroamericana de 6,2 millones de personas.
“Claramente fue el negocio del siglo, se mercantilizó el derecho a una pensión, en beneficio de grupos financieros”: sindicalista Francisco García.
Un informe de 2013 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica que 65,7 por ciento de la población económicamente activa de este país trabaja en la economía informal. Eso equivalía, con base en datos de 2011, a un millón 269.000 personas.
Cuéllar trabaja como sonidista en eventos empresariales de promoción de marcas. Forzado a trabajar para subsistir antes de terminar el último curso de la educación básica, las posibilidades de escalar a un empleo formal son difíciles para este joven, en un país sin planes específicos para reducir la informalidad laboral.
Su situación con la SAP le preocupa. “Va a llegar un tiempo en que, por vejez o enfermedad, uno no podrá hacer nada y nos vamos a quedar nulos, sin pensión”, dijo a IPS.
Sus temores reflejan los de miles de familias que no gozan de los derechos de la seguridad social.
Ampliar la cobertura “es uno de los retos pendientes” del sistema privado, dijo a IPS María Elena Rivera, investigadora de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo).
Ampliar la cobertura “es uno de los retos pendientes” del sistema privado, dijo a IPS María Elena Rivera, investigadora de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo).
Si bien hay 2,7 millones de afiliados al esquema privado, de hecho solo 653.257 son cotizantes activos, según datos de julio, porque el resto carece de un empleo formal.
Eso equivale, dijo Rivera, a una de cada cuatro personas en edad de trabajar.
En 1998, en medio de una ola privatizadora que predominaba en América Latina, el gobierno del derechista Armando Calderón desmanteló el sistema público de pensiones e inició uno privado.
En el nuevo esquema, aportes del trabajador y del patrono generan una cotización de 13 por ciento del salario mensual que nutre la cuenta individual del empleado.
Ese ahorro individual producirá, tras 25 años de cotización y habiéndose cumplido la edad de retiro, el dinero que pagará la pensión del trabajador.
Otros países latinoamericanos, como Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, también privatizaron las pensiones.
Los trabajadores de menos de 36 años pasaron obligatoriamente al SAP, y sus cuentas individuales están a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Los hombres de 55 años y las mujeres de 50 debieron permanecer en el sistema público, destinado a la extinción a medida que esa generación se jubile y fallezca. En este sistema público, conocido como de reparto, todos los trabajadores cotizaban a un mismo fondo, de modo que todos aportaban solidariamente para las pensiones de los demás.
Las personas que en 1998 tenían entre 36 y 50 años, podían optar a que sistema acogerse.
“Claramente fue el negocio del siglo, se mercantilizó el derecho a una pensión, en beneficio de grupos financieros”, señaló a IPS el secretario del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (Sintinpep), Francisco García.
El sindicato propone regresar al esquema donde el Estado controla el sistema previsional y deja las AFP como opcionales.
El gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén, en el poder desde junio, asegura que el sistema privado ha fracasado, pero no ha dado pistas sobre qué reformas impulsará en los próximos meses. Eso sí, ha descartado la vuelta al esquema público.
En julio, la recaudación del SAP acumulaba 7.487 millones de dólares. Inicialmente, esos fondos, se debían invertir en la Bolsa de Valores de El Salvador, para que sus rendimientos engrosasen la cuenta del empleado.
Al invertirlo también se impulsaría el desarrollo productivo del país al empujar sectores claves de la economía, generándose más empleos formales y posibilitando la ampliación de la cobertura. De ese modo se mejoraría también la calidad de las pensiones.
La pensión mínima por vejez e invalidez total asciende a 207 dólares mensuales.
Pero el mercado bursátil local es muy pequeño como para hacer despuntar proyectos productivos, estiman analistas, y no se generaron los empleos formales esperados, ni la calidad de las pensiones.
El taxista Manuel Campos, de 56 años, que no cotiza ni en el sistema público ni en el privado, tiene como única esperanza para sobrellevar la llegada de la vejez, o una eventual invalidez, que sus tres hijos le ayuden económicamente.
“Si no tuviera esa esperanza, quizá me tocaría como a muchas personas hoy en día: pedir en la calle”, señaló Campos a IPS, mientras espera clientes en una calle de San Salvador.
En otro lado de la capital, Sandra Escobar, de 40 años, prepara los almuerzos que al mediodía venderá en el negocio de comida donde trabaja como cocinera: una reducida caseta de lámina, levantada a un lado de la vía pública.
“Pienso ir ahorrando, poco a poco, para tener un poquito en la vejez, pero está difícil porque la cobija (manta) no alcanza para mucho”, explicó Escobar, mientras freía en la sartén unos trozos de res.
Con el éxodo del grueso de los trabajadores jóvenes al sistema privado, en 1998, se generó un hueco financiero en el sistema público, asumido por el Estado, que en 2012, último año del que se tienen datos, rondó 420 millones de dólares.
Es el monto para pagar las pensiones de los empleados que quedaron en el sistema público, 100.247 en octubre del 2012, según un documento de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), que aglutina a las dos AFP existentes.
En 2006, la Asamblea Legislativa aprobó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, mediante el cual se obligó legalmente a las a invertir parte del patrimonio del fondo en títulos emitidos por el Estado, y así obtener los recursos para pagar las pensiones.
Pero esos títulos generan un rendimiento bajo, de 1,4 por ciento anual, insuficiente para incrementar significativamente las pensiones de los trabajadores. Legalmente, las AFP salvadoreñas no pueden invertir en el mercado bursátil internacional, donde obtendrían mayores rendimientos.
IPS gestionó, sin éxito, una entrevista con el presidente de Asafondos, René Novellino, pero en un informe publicado por él, en 2013, se propone aprobar la apertura paulatina, con límites y debidamente fiscalizada, para la inversión en bolsas internacionales, entre otras medias.
FundaUngo promueve un diálogo nacional, para que todos los sectores propongan propuestas para reformar el sistema.
Mientras tanto, el joven Kevin Cuéllar, la cocinera Sandra Escobar y el taxista Manuel Campos siguen enfrentando una precaria inclusión laboral ahora y una probable exclusión del derecho a una pensión cuando se jubilen.
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