Ayotzinapa: la verdad histórica de México

Por: Jorge Alejandro Góngora / @jagongoram

por: La Jornada Jalisco

27 de septiembre del 2015.-

Los trágicos hechos del 26 de septiembre de 2014, han evidenciado otra de las verdades históricas que nuestra nación ha arrastrado durante décadas: la incapacidad y corrupción de la procuración de justicia en México. El pasado 27 de enero, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acompañado del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, estableció de forma definitiva como versión oficial de lo sucedido en Iguala, que los normalistas de la Raúl Isidro Burgos fueron secuestrados, asesinados y calcinados en un basurero a las afueras de Cocula. Esta versión parece ser más un informe preliminar para amortiguar la imagen política del país y la presidencial, así como apostar al olvido y cansancio de los afectados y la sociedad; pareciera también ir en una dirección encaminada por las constantes peticiones del titular de la presidencia por “superar” y “no quedar parados, paralizados y estancados” por la cuestión de Ayotzinapa.

Dada la naturaleza e impacto del crimen, la presunta participación de grupos del narcotráfico y la colusión de autoridades municipales la atracción de las investigaciones por la PGR era inevitable. A partir de ese momento los saldos han sido: 42 normalistas aún desaparecidos, sólo un cuerpo posiblemente identificado, el de Alexander Mora Venancio por la Universidad de Innsbruck, seis personas ejecutadas, 25 heridas, 110 detenciones, ninguna condena judicial, 70 fosas clandestinas encontradas y 110 cuerpos que nadie ha identificado.

Consignas como “Fue el Estado” o “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, comenzaron a preocupar a las autoridades federales, las cuales demostraron una capacidad de reacción llena de titubeos, desatinos y como suele suceder en los casos polémicos de procuración de justicia en México (homicidios políticos, represiones estudiantiles, funcionarios involucrados con el crimen organizado, procesos perdidos por las violaciones al debido proceso), se caracterizan por explicaciones contradictorias, a veces poco convincentes, incluso de risa. Cabos sueltos siguen a la luz, como la detención y el paradero del ex director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, la teoría de la quema de los cuerpos en un basurero, que por los grados de temperatura en el fuego que se necesita para convertir en cenizas un cuerpo se pudo haber incendiado todo el lugar no pudiendo controlar dicho incendio, diez órdenes de aprensión sin cumplimentar, así como la gran cantidad de detenidos de las organizaciones criminales Guerreros Unidos y Los Rojos, dando versiones contradictorias y culpando unos a otros, amén de los errores de gran relevancia en la cadena de custodia para recolectar y analizar las evidencias físicas en el posible lugar de los hechos.

En este contexto, el principal cuestionamiento a la declaración consistió en que la PGR abandonó la cautela y sigilo de la investigación en ciertos momentos cuando se negó a dar pronunciamientos sin pruebas, por presión social y mediática perdió la paciencia con los estudios periciales mandados a hacer en un laboratorio especializado en Austria, e hizo aparecer sorpresivamente a un testigo cuyo dicho, en opinión de la autoridad, dieron claridad incontestable a la investigación, la cual llamó el entonces procurador Murillo Karam “la verdad histórica de los hechos”, seguida de una frase desatinada ante los cuestionamientos: “ya estoy cansado”.

La vida de todos los mexicanos debe ser una prioridad para el Estado, es la máxima garantía fundamental que todo ente estatal debe salvaguardar y proteger, así que con la misma prioridad en los recursos humanos y políticos con la que se atendió y exigió justicia por parte del Estado mexicano en el caso de los connacionales en Egipto que fueron víctimas de un bombardero por parte del Ejército egipcio, debe darse la prioridad en esclarecer y restablecer los daños a los deudos de las 164 mil muertes en la lucha contra el narcotráfico, los 20 mil desaparecidos y los 70 periodistas asesinados y desaparecidos que se han venido sumando desde 2006, ya que el gobierno mexicano gusta de presentarse ante otras naciones como una víctima de los cárteles y de la adversidad económica mundial, las investigaciones de Ayotzinapa, Tlatlaya y el multihomicidio de la Narvarte, levantan fuertes preguntas sobre la complicidad de funcionarios públicos en crímenes cometidos contra sus ciudadanos.

La procuración de justicia en México carga con una sombra de ineficiencia e impunidad, la cual será difícil de quitarse mientras los procedimientos y formas sean arrancados bajo coacción, sin apostarle a la profesionalización en las investigaciones para adquirir y analizar la evidencia, sin esto siempre serán enmarcados en la sospecha y la falta de claridad. Históricamente, la evidencia claro que ha indicado los horrores de matanzas como Aguas Blancas, Acteal, Tlatelolco, San Fernando y Tlatlaya, demás también ha señalado lo oscuro en el contexto de asesinatos como los de Colosio, Ruiz Massieu, Posadas Ocampo y Muñoz Rocha; y no deben olvidarse las omisiones y negligencias de la autoridad que han dejado impunes a funcionarios públicos corruptos, presuntos narcotraficantes, secuestradores y delincuentes en general. Por ello la desconfianza en las instituciones y sus fallos tampoco deriva de una animadversión a un partido político, personaje o funcionarios de gobierno en particular, sino de un problema estructural. En este sentido, el caso específico de Ayotzinapa, por mucho que se diga superado, no ayudó en lo absoluto a cambiar la gran verdad histórica de la deficiente procuración de justicia que nuestro México sufre y del cual también es víctima, así como el endeble Estado de derecho en México.

El México bueno debe imponerse al México malo, su potencial económico, sus 125 millones de habitantes como un poder material de empuje, generador de riqueza y producción, su geografía privilegiada y el impulso en las fiscalías y candidaturas independientes, que permitan hacer frente a la incertidumbre económica, la violencia, la corrupción e impunidad.