¿HACIA DÓNDE VA CENTROAMÉRICA?

13 de diciembre de 2013

Diego Sánchez Ancochea y Salvador Martí

Un futuro incierto a causa de la violencia, la desigualdad y unas élites que persiguen agendas individuales.

AFP/Getty Images

Centroamérica ha avanzado mucho en las más de dos décadas que han transcurrido desde los Tratados de Paz. Las instituciones democráticas han permanecido estables y, con la excepción de Honduras (por el golpe de 2009), los presidentes han sido elegidos en procesos electorales más o menos competitivos. A la vez, los ejércitos han aceptado su subordinación al poder civil y el poder judicial ha avanzado poco a poco en su independencia en casi todos los países. Además, en algunos aspectos, también ha avanzado el proceso de construcción del Sistema de Integración Centroamérica (SICA), sobre todo en el ámbito comercial, aduanero y de cooperación judicial.

Los gobiernos centroamericanos también han impulsado algunas políticas públicas orientadas al desarrollo humano. El gasto social por persona en Guatemala, Honduras y Nicaragua dobla el que existía a principios de los 90 y en El Salvador se ha multiplicado por siete. Ha habido innovaciones importantes tanto en salud como en educación, y se ha realizado un esfuerzo novedoso por incluir a los más desfavorecidos en las iniciativas sociales del Estado con el fin de mejorar su condición de ciudadanos. Todo ello, sin duda, ha contribuido al descenso de la pobreza, cuya tasa es entre siete y catorce puntos porcentuales menor que en 1990.

No obstante, existen todavía muchos motivos para la desesperanza. Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo y el número de homicidios en El Salvador, Honduras y Guatemala es hoy mayor que durante las guerras civiles. El crecimiento económico ha sido bajo y, con excepción de Costa Rica, la región ha sido incapaz de desarrollar nuevos sectores que sustituyan la agro-exportación como motor productivo. La región sigue siendo, además, una de las más desiguales del planeta.

La emigración constituye la mejor muestra de las dificultades que Centroamérica tiene para consolidar sociedades más democráticas, dinámicas y equitativas. Actualmente, miles de personas abandonan cada año la región, uniéndose al más de 10% de centroamericanos que viven fuera, y las remesas de emigrantes se han convertido no solo en la mayor fuente de divisas, sino en un ingreso imprescindible para millones de familias.

¿Cómo entender los problemas de la región? ¿Por qué la suma de democracia y liberalización económica no ha dado los resultados que muchos esperaban? Tres factores interrelacionados son particularmente importantes. En primer lugar, la posición económica y geopolítica de Centroamérica es ciertamente desventajosa, pues no ofrece las ventajas comparativas que sí tiene México (en cuanto a maquilas) ni dispone de las commodities que sí tienen muchos países de América del Sur. Además, la reciente competencia china dificulta la expansión de las exportaciones de ropa y otras manufacturas a Estados Unidos. Incluso en la más desarrollada Costa Rica hay muy pocas empresas capaces de competir en los mercados internacionales –en este sentido la compañía Intel es una excepción–. Como importador neto de petróleo, gas y otros recursos naturales, Centroamérica se ha visto muy perjudicada por el aumento de precios de estos productos que tanto ha beneficiado a sus vecinos del Sur (tal como ha ocurrido con la soja en Argentina y Paraguay, con el cobre y la madera en Chile, o con el petróleo en Venezuela y Ecuador). A la vez, la región se ha convertido en una zona de tránsito de droga producida en los países andinos y los cárteles operan a sus anchas aprovechándose de la debilidad que tienen los Estados para enfrentarlos.

Este elemento, la debilidad del Estado, es el segundo gran obstáculo para el desarrollo económico. La falta de recursos y de funcionarios independientes sigue limitando la capacidad de las administraciones nacionales para mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios. La carga impositiva como porcentaje del PIB es mucho más baja en Centroamérica que en países con similar nivel de riqueza. La mayoría de los empleados públicos son elegidos por criterios políticos, sus carreras profesionales son episódicas y reciben salarios insuficientes. La corrupción es endémica –incluso en Costa Rica, el país con instituciones más fuertes – y la influencia de los grupos de poder (legales e ilegales) es cada vez más preocupante. Como resultado el Estado es tan incapaz hoy como hace tres décadas de liderar un proyecto consensuado de desarrollo económico, político y social.  

Pero quizá el problema más serio tenga que ver con el extraordinario poder que todavía mantiene la élite económica. Según datos recientes publicados por el diario El País, los poco más de mil millonarios centroamericanos tienen una fortuna combinada de 137.000 millones de dólares (unos 100.000 millones de euros), equivalente al 79% del PIB regional. Los principales grupos económicos controlan un sinnúmero de actividades distintas, desde la producción de textiles para la exportación a servicios financieros y construcción de viviendas y supermercados, y se han convertido en socios imprescindibles para las principales empresas multinacionales.

Los grandes empresarios se benefician de una enorme influencia en la política a través de distintos canales, incluyendo el control de los partidos políticos, la presión sobre legisladores y jueces y la financiación de campañas electorales. En Guatemala, por ejemplo, el 97% del gasto realizado por los partidos políticos en las presidenciales de 2011 vino de fuentes privadas. El fracaso de numerosas reformas tributarias, particularmente aquellas que pretendían aumentar los impuestos directos, y las dificultades de todos los gobiernos para regular los mercados y fomentar la competencia son quizá las muestras más claras de la influencia privada recurrente.

El futuro de Centroamérica es incierto. Probablemente continuarán los avances en áreas importantes como la competencia electoral y la independencia judicial. Sin embargo, los obstáculos para controlar la violencia y construir economías más equitativas y democracias más efectivas parecen hoy insuperables. Buena muestra de ello es que sólo el 57,6% de los centroamericanos apoyen explícitamente la democracia que tanto costó construir. Quizá la solución pase necesariamente por la promoción, desde cada uno de los países de la región, de redes transnacionales para la defensa de los derechos. No menos importante en el proceso será que parte de la misma élite que hoy persigue agendas individuales se dé cuenta de los beneficios que el fortalecimiento del Estado y su capacidad redistributiva podría tener incluso para ellos mismos en el largo plazo.

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