La solución de crisis financieras y la renegociación de la deuda

En esta columna, Yilmaz Akyüz, economista jefe del Centro del Sur, con sede en Ginebra, aborda el tema de la reestructuración de las deudas soberanas, que volvió a llamar la atención de la comunidad internacional con la crisis de la eurozona y luego con los fondos buitre y la reestructuración de la deuda argentina. El autor propone la institución de un mecanismo internacional que en casos de cesación de pagos y consiguiente renegociación de la deuda tutele, no solo a los acreedores, sino también a los deudores, que suelen ser sometidos a duros programas de austeridad que empeoran su situación económica.
GINEBRA, 8 abr 2015 (IPS) - La reestructuración de la deuda es un elemento de la gestión y la solución de las crisis y, por ello, debe tratarse en el contexto de la coyuntura económica actual y de sus vulnerabilidades.
Los mecanismos internacionales de renegociación de la deuda no tienen que ver solo con su reducción, sino que incluyen arreglos provisionales para brindar alivio a los deudores, incluida la suspensión temporal de los pagos y la financiación.

Estos mecanismos deben abordar las crisis de liquidez y de solvencia, aunque la diferencia entre ambas no siempre es clara. La mayoría comienzan como crisis de liquidez y pueden terminar en la insolvencia, si no se resuelven rápidamente.

Hay problemas con las intervenciones que se imponen a países que incurren en cesación de pagos. La austeridad puede hacer que la deuda sea incluso menos pagadera. Los rescates a los acreedores crean riesgo moral, promueven los préstamos imprudentes y transforman la deuda comercial en oficial, complicando la reestructuración.
Las crisis de liquidez también causan graves daños socioeconómicos, como se vio en las últimas dos décadas, aun cuando no supongan un incumplimiento de la deuda soberana.

Los mecanismos internacionales deben aplicarse a las crisis provocadas por la deuda externa privada, así como por la deuda soberana. El endeudamiento externo privado suele ser la razón de las crisis de liquidez, y los gobiernos terminan socializándolo. Necesitan mecanismos que faciliten la solución de las crisis originadas en el endeudamiento privado.

Solo una de las últimas ocho grandes crisis en las economías emergentes y en desarrollo, la de Argentina, se debió a deuda soberana emitida internacionalmente.

Las crisis mexicana y rusa se debieron a deuda pública emitida localmente. En Corea, Indonesia y Tailandia la deuda externa era privada. Y en las crisis brasileña y turca la deuda privada o bancaria también tuvo un papel clave, junto con algunos problemas en el mercado de deuda pública interna.

En más de una década no hubo crisis nuevas con consecuencias sistémicas en el Sur gracias a las condiciones muy favorables de liquidez global y propensión al riesgo, tanto antes como después del colapso del banco Lehman Brothers en 2008, debido a las políticas aplicadas en las principales economías avanzadas, en particular en Estados Unidos.

Pero en este período, sobre todo en los últimos seis años, también se dio una considerable acumulación de fragilidad y vulnerabilidad debido a las crisis de liquidez y de solvencia en muchos países en desarrollo.

Podrían surgir problemas internacionales de deuda soberana en las llamadas “economías de frontera”, normalmente dependientes de los préstamos oficiales. Muchas de estas economías en desarrollo ingresaron a los mercados de bonos en los últimos años, aprovechando las condiciones excepcionales de liquidez global y propensión al riesgo.

En las economías emergentes, la deuda pública emitida a nivel internacional descendió considerablemente desde comienzos de la década de 2000 en relación al porcentaje del producto interno bruto

Gran parte de la deuda externa de estas economías se encuentra ahora bajo el derecho nacional y están denominadas en moneda local.

Sin embargo, desde 2008 existen numerosos casos de acumulación de deuda externa privada en los mercados de divisas, emitida según leyes extranjeras. Muchos podrían sufrir pasivos contingentes y son vulnerables a las crisis de liquidez.

Una crisis financiera externa a menudo implica la interrupción del acceso de un país a los mercados financieros internacionales, el cese repentino de los flujos de capital, la salida de los inversores extranjeros de los mercados de depósitos, bonos y valores, y la fuga de capitales de los residentes. Las reservas se agotan y los mercados de divisas y de activos están bajo presión. Los gobiernos suelen llegar tarde a reconocer la gravedad de la situación.

Los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen como objetivo sacar de apuros a los acreedores, mantener los pagos a los deudores al día, evitar las restricciones cambiarias y mantener la cuenta de capital abierta.

El FMI impone austeridad al deudor, con la esperanza de que la deuda se vuelva pagadera y sostenible y traiga de vuelta a los acreedores privados, mientras ejerce poca presión sobre los acreedores.

Hay problemas con las intervenciones que se imponen a países que incurren en cesación de pagos. La austeridad puede hacer que la deuda sea incluso menos pagadera. Los rescates a los acreedores crean riesgo moral, promueven los préstamos imprudentes y transforman la deuda comercial en oficial, complicando la reestructuración.

Muchos de estos problemas fueron reconocidos tras la crisis asiática de los años 90, dando lugar al mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, diseñado originalmente en gran parte según lo propuesto por laConferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en los años 80 y 90.

Sin embargo, tuvo la oposición de Estados Unidos y de los mercados financieros internacionales y no obtuvo un fuerte respaldo de los países en desarrollo deudores, sobre todo de América Latina. Primero se diluyó y luego fue abandonado.

El asunto volvió a llamar la atención de la comunidad internacional con la crisis de la eurozona y luego con los fondos buitre y la reestructuración de la deuda argentina.

Después de inyectar dinero en Argentina y Grecia, cuya deuda resultó ser impagable, el FMI propuso un nuevo marco para “limitar el riesgo de que los recursos del Fondo se utilicen simplemente para rescatar a los acreedores privados” y para que estos participen en la solución de las crisis.

Si la sostenibilidad de la deuda parece incierta, el FMI exigiría una reestructuración, consistente en prórrogas y ampliaciones del plazo de vencimiento, antes de otorgar un crédito. Esto se deja a las negociaciones entre el deudor y los acreedores.

Sin embargo, no hay garantía de que esto implique un acuerdo a tiempo y ordenado. Si no se llega a un acuerdo y por lo tanto el FMI no concede nuevo financiamiento, entonces en los hechos le estaría diciendo al deudor que incumpla en el pago. Pero no interviene ni realiza propuesta alguna para proteger al deudor contra las acciones legales y otras iniciativas por parte de los acreedores.
Así, existe una necesidad de reestructuraciones que impliquen la moratoria de la deuda y controles cambiarios temporales. La decisión debe ser tomada por el país en cuestión y autorizada por un organismo independiente con reconocimiento internacional para imponer la suspensión de las acciones legales.

Si se evita la debacle financiera mediante las moratorias y los controles cambiarios, se impone la suspensión de los litigios judiciales, se brinda financiamiento suficiente y se mejoran las disposiciones contractuales, la probabilidad de alcanzar una renegociación de la deuda sería muy alta.

El papel del FMI en la gestión y solución de las crisis es irrefutable. Sin embargo, la institución no puede instalarse en el centro de los mecanismos internacionales de renegociación de la deuda. Su directorio no puede actuar como un juez o un árbitro debido al conflicto de intereses, ya que sus miembros representan tanto a deudores como acreedores.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desempeñó con éxito un papel importante en la solución de varias crisis en el pasado.

El resultado de una iniciativa de la ONU fue el servicio de financiamiento compensatorio, introducido a principios de los años 60 para que los países en desarrollo con problemas de liquidez debidos a la caída temporal de los ingresos primarios de las exportaciones, pudieran solicitar el apoyo del FMI.

Un ejemplo reciente se refiere a la deuda de Iraq. Tras la ocupación del país y del colapso del régimen de Saddam Hussein (1979-2003), el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para instrumentar la suspensión de los derechos de los acreedores a recurrir a los tribunales para cobrar la deuda soberana.

Esta solución fue orquestada por el mismo país, Estados Unidos, que ahora le niega a la ONU un papel en la deuda y las finanzas con el argumento de que carece de competencia en estos asuntos, que corresponderían principalmente al FMI y el Banco Mundial.
* Para mayor información, ver el documento del Centro del Sur Research Paper 60 ( http://www.southcentre.int/).

Editado por Pablo Piacentini, traducido por Álvaro Queiruga
 Por Yilmaz Akyuz
 
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Reinventando el negocio de las drogas

07 abril 2015 Guillermo Pérez Flórez
Soldado colombiano junto a alijos incautados de cocaina. (Luis Robayo/AFP/Getty Images)


A pesar de que el hemisferio americano se transforme en un territorio seguro, una oscura y peligrosa sombra se cierne sobre él: el tráfico de drogas. ¿Cómo combatirlo?

Muchas cosas están cambiando en el hemisferio americano. Así lo confirman el acercamiento entreWashington y La Habana y el proceso de paz en Colombia, que tiene lugar también en Cuba entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, una de las guerrillas más longevas del planeta. Si estos dos procesos culminan de manera exitosa (como todo parece indicarlo) América habrá puesto fin a la guerra fría y será la única región del mundo sin conflictos violentos. Esto no significa, sin embargo, que se transforme en un territorio seguro, pues sobre él se cierne una pesada, oscura y peligrosa sombra: la del tráfico de drogas, el principal factor generador de violencia e inseguridad en el área.

América Latina tiene una de las tasas de homicidios más altas de mundo. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con solo 8% de la población mundial, registra el 42% de los homicidios que ocurren en el globo. Esto la convierte en la región más violenta y, por lo mismo, uno de los mercados más apetitosos para la parafernalia transnacional que vende seguridad y también para los mercaderes de armas.

El narcotráfico y la exclusión social son los grandes culpables de la inseguridad ciudadana en este hemisferio. El primero instrumentaliza la protuberante marginalidad social (más de la mitad de los jóvenes latinoamericanos no termina la secundaria) y dinamiza sus redes criminales dando a miles de jóvenes excluidos un sentido para sus vidas y una ocupación rentable, como ocurre con las famosasmaras centroamericanas o con los tenebrosos combos en Colombia. Violentas pandillas juveniles que controlan áreas urbanas completas, en las cuales monopolizan el tráfico de drogas en pequeñas dosis (narco-menudeo), el hurto de teléfonos móviles o los asesinatos por encargo.

Este es un tributo que pagan algunos de los países latinoamericanos por su obediente alineamiento conla guerra a las drogas, puesta en marcha por la Administración de Richard Nixon (1969-74), la cual ha fracasado en sus objetivos teóricos de reducir la producción y el consumo de drogas ilícitas. Cuatro décadas después de haber sido formulada las cosas van a peor, según se colige al estudiar la situación de México, Guatemala, Honduras y Perú. El narcotráfico ha demostrado capacidad para reinventarse e innovar en sus estructuras, modalidades delictivas y rutas. Esta capacidad le permite moverse al ritmo de la partitura trazada por Washington, que puede haber sido útil como estrategia de intervención política y militar e, inclusive, para contener de manera parcial el ingreso de droga, pero no para terminar con un negocio que afecta sensiblemente a las sociedades latinoamericanas, que pagan altos costes en vidas humanas, presupuestos públicos, medio ambiente y calidad de sus instituciones, dado el poder corruptor de las mafias. El dinero de las drogas ha distorsionado la política, la economía y la cultura latinoamericanas y socavado a instituciones clave para la seguridad y la justicia.

La guerra a las drogas está perdida. Así lo reconoce la Comisión Global de Políticas de Drogas (de la cual hacen parte varios ex presidentes latinoamericanos) en su informe de 2011: “Los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes”. El resultado es patético: EE UU no ha logrado reducir el consumo ni Latinoamérica erradicar las organizaciones criminales que gravitan en torno a las drogas. El consumo se mantiene y el negocio se reinventa. Una prueba es el carácter estratégico que ha recobrado el Pacífico.

Durante los años 80 y 90 el mar del Caribe fue epicentro de la guerra fría gracias a las tensiones entre EE UU y la Cuba de Fidel Castro, que por décadas fue la estrella polar de la utopía comunista en Latinoamérica. Pero el Caribe fue valioso también (y lo sigue siendo) para el tráfico de drogas, por la cantidad de rutas marinas, submarinas y aéreas que conectaban los dos principales polos del negocio, el consumo y la producción: Estados Unidos y Colombia. Este país, continentalmente anclado en Sudamérica, tenía un importantísimo costado caribeño casi desconocido. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con 350.000 km² de área marítima le daban a Colombia fronteras con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. De esto solo vinieron a ser conscientes los propios colombianos tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2012, que puso fin al diferendo entre Colombia y Nicaragua. Quizás los únicos que en ese época lo visualizaron fueron los miembros del cártel de Medellín y, en particular, el narcotraficante Carlos Lehder, quien adquirió cayo Norman en el flanco oriental de Las Bahamas, a pocas millas de Miami. Desde allí Lehder reexpedía droga hacia Florida, por lo cual llegó a cobrar hasta diez mil dólares por kilo.

Pero los tiempos cambian y las estrategias también. El Caribe se volvió una ruta caliente por la vigilancia estadounidense. Entonces adquirieron prelación otros caminos, entre ellos el glacial y embravecido océano Pacífico, sobre el cual se teje un enjambre de senderos que van desde Perú hasta México, luego de escabrosas travesías por Centroamérica.

La desarticulación de los cárteles colombianos (Medellín, Cali y norte del Valle) y la disminución de las hectáreas cultivadas con hoja de coca, gracias al ‘Plan Colombia’ tuvieron un efecto no deseado: el fortalecimiento de cárteles mexicanos y el rebrote de los cultivos de coca en Perú. Así, los mafiosos colombianos fueron desplazados por los cárteles mexicanos en la distribución y por los peruanos en el cultivo, aunque continúan siendo importantes en el procesamiento de la droga. Suena un poco cómico que mientras Colombia, Chile, México y Perú celebran la integración de sus economías a través de la Alianza del Pacífico (AdP), interesante pero aún verde, los narcotraficantes hace años hubieran estructurado otra alianza que integra Tijuana o Mazatlán (México) con Buenaventura o Tumaco (Colombia) o el Callao o Paita (Perú). Y que, no obstante, los éxitos que agitan en Colombia los defensores internos y externos de esta receta, este país sea, según un informe de la oficina contra las drogas de Naciones Unidas (UNODC) de 2012, uno de los principales abastecedores de heroína al mercado estadunidense (junto con Afganistán, Pakistán, Laos, Myanmar) y el cuarto productor mundial de opio.

El Pacífico integra países consumidores con países productores, a escala global, en una perfecta división del trabajo. Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor, México el mayor distribuidor, Colombia el más grande productor, Perú y Bolivia los cultivadores. Este último país (sin acceso al mar), se añade a las redes incas para el cultivo de coca y la producción de pasta o base de cocaína. Todo esto, desde luego, es una caricatura, una simplificación del asunto, pues de esta cadena hacen parte otros países, Panamá (para el blanqueo de dinero) y Guatemala como el principal país de tránsito. El 90% de la droga que ingresa a Norteamérica pasa por países centroamericanos. Además, Estados Unidos es también productor de marihuana (y lo sigue siendo de drogas de síntesis) y México, Brasil y Colombia emergen como consumidores.

No deja de ser paradójico que la década de crecimiento económico experimentada por América Latina no se haya traducido en fortalecimiento de sus instituciones ni en una mejora sustantiva de la seguridad de sus centros urbanos. Estos continúan creciendo y nutriéndose de sectores rurales deprimidos, tradicionalmente abandonados por el Estado, y por ello áreas óptimas para los traficantes, ya sea para cultivar coca o amapola o procesar cocaína o heroína. Las drogas ilícitas siguen siendo uno de los principales desafíos hemisféricos y la receta de Washington ha resultado inane… no sirve ni siquiera a EE UU. Cada año, este país gasta 50.000 millones de dólares en ella y detiene a 750.000 personas, la mayoría por posesión de marihuana. Su población consumidora continúa siendo alta (22 millones) y no ha disminuido como se esperaba. El desenlace es alucinante: hoy tiene tres veces más reclusos per cápitaque en 1980, e instituciones como la DEA (Drug Enforcement Administration) encaran penetraciones de los cárteles, que causan risa y vergüenza. Hace unas semanas estalló en Colombia un escándalo al revelarse que capos del narcotráfico pagaban bacanales con prostitutas y drogas a agentes de esta agencia apostados en ese país. Un duro golpe a la moral de los cientos de jueces, periodistas, policías y soldados que lo entregan todo (incluso la vida) en la cruzada antidroga, pese a los pobres salarios y a los escasos reconocimientos sociales.

Una rápida mirada a la agenda latinoamericana permite afirmar que dentro de las asignaturas pendientes están la lucha contra la corrupción, la pobreza y la exclusión social, y el fortalecimiento de las instituciones para poder garantizar justicia y seguridad. Pero avanzar es casi una misión imposible mientras el narcotráfico mantenga poder para sobornar e intimidar. La ética de relacionamiento de los cárteles se resume en el dramático aforismo “plata o plomo”. Corrupción y narcotráfico tienen un nexo circular. Es un uróboros criminal que se engulle su propia cola. Un círculo vicioso que nunca tiene fin.

El narcotráfico se está convirtiendo es una forma de vida. Muchas familias se integran a la cadena delictiva ayudando a transportar pequeñas cantidades de droga o cultivando coca. De otra parte, la ansiedad que genera la sociedad de consumo en poblaciones urbanas de irrisorios ingresos encuentra en la violencia una fuente de satisfacción. Se sacrifican vidas por un par de zapatillas de marca o unsmartphone de última generación. Todo esto es parte de una violencia aprendida del narcotráfico, que solo respeta sus propios códigos y normas.

Se impone una revisión total de la estrategia antidrogas, que se ha basado fundamentalmente en el control de la oferta. Lee Brown el primer zar antidroga en la Administración Clinton, (1993–01) sostenía que era “más fácil acabar con el panal que luego con la abejas volando”. Dos décadas después los panales se han multiplicado y las abejas siguen volando, conectadas con los circuitos financieros internacionales y con rutas consolidadas, como lo demuestra la otra alianza del Pacífico. ¿Se atreverá el presidente Barack Obama a cambiar esta errática política en la recta final de su estancia en la Casa Blanca? Millones de latinoamericanos esperan que sí, ésta es una condición indispensable para que exista una América más segura y socialmente más justa. Lo otro es seguir la senda de Uruguay, que para su suerte no es parte del Mediterráneo americano.

Si los demás son corruptos, yo también

Un estudio del BID revela que las personas expuestas a información sobre actos de corrupción son más propensas a cometerlos ellas mismas.

Lunes 6 de Abril de 2015

Un artículo en Crhoy.com analiza el reporte "Corruption as a Self-Fulfilling Prophecy: Evidence from a Survey Experiment in Costa Rica", producido por investigadores para el Banco Interamericano de Desarrollo, concluyendo que "... La voluntad de un individuo de participar en comportamiento corrupto es en efecto afectada por su percepción del nivel de corrupción en la sociedad". Los resultados del reporte son extrapolables a toda la región, toda vez que los demás países centroamericanos exhiben niveles de percepción de corrupciónmás altos que en Costa Rica.

Las nefastas consecuencias de la corrupción se extienden más allá de sus resultados directos como el empobrecimiento de los más en beneficio de los menos y la pérdida de competitividad de la economía, y generan un ciclo perverso: La corrupción genera más corrupción.

Se señalan como características de la corrupción:

"...
- La existencia de la corrupción desgasta mecanismos de sanción: Esto si la probabilidad de detección se relaciona inversamente a la frecuencia del acto

- Corrupción corrompe al afectar los costos de búsqueda: Entre más seguro está una parte (funcionario o empresa) de la corrupción del otro, menos costo tiene entrar en un acto corrupto.

- Educación en el hogar: Se imitan comportamientos corruptos si les funcionó a vecinos o familiares en el pasado.

- Entrada a la función pública: Si hay funcionarios y élite política corruptos, serán los deshonestos quienes busquen entrar.
..."


http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Si_los_dems_son_corruptos_yo_tambin?u=964c83dcf2575dfeb902671ff7b33810&s=n&e=2&mid=[MESSAGEID]

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La mayoría de naciones centroamericanas son percibidas como las más corruptas de Latinoamérica y en todas la percepción de corrupción es muy alta.

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En Centroamérica el sector público percibido como más corrupto es el de Nicaragua (nivel de transparencia 28 en escala de 0 a 100) , seguido por Honduras (29), Guatemala (32), Panamá (37), El Salvador (39), y Costa Rica (54).

"... Cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado..." - Transparencia Internacional

Panorama fiscal en Centroamérica


"Las cuentas fiscales de 2015 anticipan una carga adicional de preocupación en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Gobiernos de la región."

Miércoles 1 de Abril de 2015
Del reporte "Perfiles Macrofiscales: 3ra. edición", del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi):

El cierre del ejercicio fiscal de 2014 ha dejado más incertidumbres que certezas en el panorama centroamericano actual. Las cuentas fiscales de 2015 anticipan una carga adicional de preocupación en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Gobiernos de la región: ingresos tributarios con bajo crecimiento; un gasto público que se ancla a las posibilidades de endeudamiento; una deuda pública que continúa acrecentándose. 

Estos son los elementos que deben obligar a la sociedad centroamericana a discutir una agenda urgente de reformas para lograr sostenibilidad y suficiencia de la política fiscal.

Los ingresos tributarios continúan una trayectoria de débil crecimiento

El nivel de ingresos tributarios de la región —incluso a pesar de la reforma tributaria de gran magnitud implementada en Honduras— se mantuvo constante, pues representó el 13,6% del PIB, lo que denota una relativa inelasticidad de los ingresos fiscales con respecto al crecimiento económico.

Los países que al finalizar 2014 reportaron una mejora en su carga tributaria fueron Honduras y Nicaragua. En el primero, la carga tributaria pasó del 14,8%, en 2013, al 16,3%, como consecuencia de una amplia reforma tributaria fundamentada en el aumento de tres puntos a la tasa del impuesto al valor agregado (IVA), así como incrementos a las tarifas aplicables al consumo de combustibles.

En Nicaragua, el incremento es consecuencia de los efectos finales de la Ley de Concertación Tributaria, en cuyo marco los ingresos tributarios pasaron del 14,7% (2013) al 15,4% del PIB. 

Los otros cuatro países de la región observaron reducciones de la carga tributaria, que se contrajo de un promedio de 13%, en 2013, a 12,4%, un año más tarde. Ello, entre fuertes señalamientos de incapacidad de las administraciones tributarias para hacer frente a las necesidades de nuevos recursos en los Estados de la región, especialmente en Guatemala, El Salvador y Panamá. 

En Costa Rica, la situación es resultado de un sistema tributario obsoleto, mientras el caso más delicado es el de Panamá, en donde la carga tributaria se desplomó de un 11,4 a un 10,2% del PIB. En este país destacan las fuertes declaraciones del nuevo gobierno en contra de la capacidad de recaudación de las autoridades tributarias. 

Por su parte, en El Salvador se registró una contracción de la carga tributaria por el orden del 0,6% del PIB, debido a una disminución significativa del volumen de importaciones reportadas en las aduanas del país, y por el efecto de las acciones de inconstitucionalidad presentadas
por el sector empresarial para evitar el pago del impuesto mínimo sobre la renta.

Por su parte, Guatemala alcanzó su nivel recaudatorio más bajo en los últimos quince años (sin contar los años de la crisis financiera y económica internacional), al alcanzar la misma carga tributaria registrada en 2001 (10,8%). 

Durante 2014 fue notoria la imposibilidad de mejorar la eficacia de una administración tributaria fuertemente señalada de politización y criticada por la eliminación de cuadros técnicos. A esta crisis institucional se sumó la falta de autorización del Congreso de la República para la emisión de bonos.

Finalmente, Costa Rica, inmersa en una perenne discusión sobre la necesidad de modificar el sistema tributario, reportó una reducción de la carga tributaria total del 13,3 al 12,9%.
Lea el reporte completo de Icefi: "Perfiles Macrofiscales: 3ra. edición."

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Julio de 2014
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales realizó un diagnóstico de las finanzas públicas 2010-2013, y perspectivas para 2014.

Del comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi): 

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